La Procuraduría General sancionó con millonarias multas e inhabilitó para ejercer cargos públicos a dos exgerentes de la empresa Triple A, responsable de los servicios públicos de Barranquilla y controlada por Inassa, filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II.

Las sanciones económicas por un total de 35.472 millones de pesos (unos 11,1 millones de dólares), son para Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo, "por permitir que Inassa se apropiara de dineros pertenecientes al Distrito de Barranquilla", manifestó la Procuraduría.

La entidad detalló que Navarro tendrá que pagar una sanción económica de 33.332 millones de pesos (unos 10,4 millones de dólares) y no podrá ocupar cargos públicos durante 12 años, mientras que a Serrano le fue impuesta una multa de 2.140 millones de pesos (unos 671.000 dólares) y no podrá ejercer cargos públicos en seis años.

Los exgerentes fueron sancionados por el contrato suscrito desde 2000 entre Triple A e Inassa, por medio del cual la primera empresa le pagaba a la segunda el 4,5 % del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y limpieza a cambio de una asistencia técnica que, según la Procuraduría, nunca se prestó.

La Fiscalía ordenó el pasado 4 de octubre el embargo de acciones por 202.000 millones de pesos (unos 67 millones de dólares) de Inassa y sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles, porque desde el 2000 hasta el 2017 se ordenaron supuestos pagos fraudulentos a través de un "contrato de asistencia técnica".

Esos pagos, según la Fiscalía, habrían causado un detrimento patrimonial cercano a los 236.853 millones de pesos (unos 74,1 millones de dólares).

EFE